Hoy, 17 de mayo, no es una fecha simbólica más en el calendario. Es un recordatorio incómodo, necesario y profundamente político. Ese día, desde 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad, el mundo conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y en pleno 2026, sigue siendo imprescindible levantar la voz porque los discursos de odio no solo no han desaparecido, sino que vuelven a ganar espacio en las calles, en las redes sociales y en determinadas tribunas políticas.

Pensar que los derechos conquistados son irreversibles sería un error histórico. Euskadi, una sociedad que durante años ha presumido de avances sociales y convivencia, también está viendo señales preocupantes. Los datos del último informe sobre delitos de odio reflejan que los ataques motivados por orientación o identidad sexual representan ya el 23% de los incidentes registrados en la comunidad autónoma. Aunque el número global de delitos de odio haya descendido, la realidad es que las agresiones contra personas LGTBIQ+ siguen siendo una amenaza cotidiana.

Más allá de las cifras oficiales, colectivos y observatorios como Ikusgune alertan de un aumento de agresiones físicas, amenazas y situaciones de discriminación especialmente en espacios educativos, laborales y familiares. Lo preocupante no es únicamente el número de casos, sino el clima social que los acompaña: la normalización de discursos ultras, el señalamiento constante de las personas trans y la difusión de mensajes que presentan la diversidad como una amenaza.

Cada vez que desde una institución se cuestiona una bandera arcoíris, cada vez que se banaliza una agresión homófoba o se ridiculiza la identidad de una persona trans, se abre la puerta a legitimar el odio. Y el odio nunca se queda en las palabras. Acaba traduciéndose en miedo, silencios y violencia.

Por eso el 17 de mayo no debe convertirse en una jornada vacía de declaraciones institucionales y fotografías. Tiene que ser un día de reivindicación activa. Porque todavía hay jóvenes que esconden quiénes son en sus institutos. Porque todavía existen personas que no se atreven a darse la mano en determinados barrios o espacios públicos. Porque muchas mujeres trans continúan sufriendo dificultades para acceder al empleo, a la vivienda o incluso a una atención sanitaria libre de prejuicios.

La defensa de los derechos LGTBIQ+ no consiste únicamente en celebrar la diversidad cuando resulta cómoda o comercialmente rentable. Significa proteger a quienes siguen estando en situación de vulnerabilidad. Significa educar en igualdad, reforzar los mecanismos de denuncia y garantizar que las instituciones respondan con firmeza frente a cualquier forma de discriminación.

Lo que ocurre en Centroamérica demuestra hasta qué punto los derechos pueden retroceder cuando se debilitan las garantías democráticas. En países como Honduras, Guatemala o El Salvador, las personas LGTBIQ+ continúan enfrentándose a altos niveles de violencia, discriminación y desprotección institucional. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado recientemente sobre el deterioro democrático y el aumento de dinámicas autoritarias en varios países de la región.

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